El Senado ha aprobado recientemente una norma que obliga al pago de las pensiones alimenticias de los hijos. Esta norma ayudará a las autoridades a cumplir con su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias mediante la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La medida, al combinarse con otras iniciativas encaminadas a proteger a los niños, los enfermos, los ancianos y las personas con discapacidad, implica que el incumplimiento de la obligación alimentaria limita el derecho de hombres y mujeres a registrarse para obtener licencias de conducir, pasaportes y trámites notariales. Esto se debe a que la medida se sumó a otras iniciativas destinadas a proteger a los niños, los enfermos, los ancianos y las personas con discapacidad.
Además
Les prohíbe presentarse a cargos públicos, obliga a presentar un certificado de no inscripción para las solicitudes de matrimonio y se prevé que dificultará la salida del país de las personas que adeuden pensiones alimenticias o de manutención.
Ni siquiera las sanciones, que pueden ir de un mes a cinco años o más en algunos estados como Nuevo León, han mejorado la situación. El incumplimiento ya se castiga con cárcel (sí, el abandono de menores es un delito), por lo que esta medida puede parecer excesiva. Sin embargo, la situación no ha mejorado a pesar de que el abandono infantil es un delito.
La senadora Mayuli Latifa Martnez Simón advirtió que en siete de cada diez divorcios en México no se paga la manutención de los hijos. Se trata de un asunto urgente.
“Todo mundo conoce historias del padre que fue a Tacubaya por cigarros y nunca regresó”, dijo Julia Escalante, defensora feminista. “Todo mundo conoce historias del padre que fue a Tacubaya por cigarros y nunca regresó”.
La especialista explicó que a pesar de que no pagar la manutención de los hijos es un delito grave que puede resultar en encarcelamiento, así como sanciones económicas, el sistema legal no es muy eficaz para resolver este problema.
También nos informó que ha habido avances en el descuento automático de la pensión alimenticia y que se ha sensibilizado a los jueces para que otorguen pensiones más justas; sin embargo, las personas que exigen el cumplimiento de esta obligación, que en su mayoría son mujeres, siguen enfrentando impunidad y prejuicios.
La mayoría del país conoce este crimen, pero sirve como una ilustración más de la ineficacia del sistema de justicia penal para resolver los problemas sociales. Esto se debe, en parte, a que es poco probable que las mujeres quieran meter en la cárcel a los padres de sus hijos, a pesar del simbolismo que supone hacerlo.
Elvira Cedillo
Créditos de viviendas a especialistas recién egresados (ISSSTE)
Socióloga y abogada, señaló que en nuestro país existe un gran número de personas que laboran en el sector informal. En el cuarto trimestre de 2022, Oaxaca, Guerrero y Chiapas tuvieron tasas respectivas de trabajo irregular de 81.2%, 79% y 75.2%, respectivamente, según reportó el INEGI.
Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Baja California y Chihuahua tuvieron las tasas de informalidad más bajas en el mismo trimestre de 2022. Chihuahua fue el estado con las tasas más altas.
“Es una buena medida siempre y cuando la persona trabaje en el mercado formal, en el gobierno o en una empresa privada, con una política activa o un poco de perspectiva de género”, dijo Cedillo. “Es una buena medida siempre y cuando haya un poco de perspectiva de género”.
Ojalá este fuera el único obstáculo. Según el entrevistado, los deudores mienten con frecuencia diciendo que están en paro, lo cual es un delito que conlleva una pena de entre seis meses y tres años de cárcel.
Según la persona informada, los deudores convencen con frecuencia a sus familias para que les ayuden a esconderse, declaran estar cobrando el salario mínimo para reducir su pensión o incluso dejan su trabajo para evitar el descuento automático.
En situaciones como estas, es aún más difícil obligar a los responsables al pago de la pensión alimenticia, y la situación puede convertirse en una fuente de tormento para el cuidador porque, como nos explicó Julia Escalante, los demás familiares casi nunca pagan la pensión solidaria.
¿La nueva normativa vulnera los derechos de los deudores?
Elvira Cedillo nos informó de que las personas que trabajan para el Gobierno, los políticos y las personas que quieren presentarse a cargos públicos están obligados a ser honrados y a cumplir la ley. Como pasar hambre es un delito penal, ocupar un cargo público o electo va contra la ley.
Otras leyes, como la del “3 de 3”, obligan a los candidatos a cargos públicos a revelar sus bienes, intereses y declaraciones fiscales en interés del bien común, que en este contexto se refiere a la ciudadanía.
Según la abogada Julia Escalante, las medidas tomadas contra los deudores alimentarios son proporcionales a la infracción y no violan los derechos individuales contra los derechos comunales del pueblo. Además, ella cree que estas medidas no violan los derechos del pueblo colectivamente.
Dado que las consecuencias de estas medidas sí afectan al imaginario colectivo, de alguna manera se ha dejado espacio para que el abandono deliberado sea lo más sencillo posible. Sin embargo, están situando el problema donde debe estar: en cuestiones relevantes como el interés superior del menor y la protección de las personas vulnerables. Esto se debe a que están situando el problema donde debe estar.
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¡Qué injusto! Los deudores también tienen derechos, no deberían ser castigados tan duramente.
Jajaja, ¿y qué tal si los deudores de pensión alimenticia también tienen derechos? 🤔