Los más de 100,000 derechohabientes del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del ISSSTE (FOVISSSTE) ya no serán intimidados por los despachos de cobranza con la posibilidad de que pierdan sus casas por el atraso en el pago de sus créditos hipotecarios.
De acuerdo con un comunicado del vocero de la corporación, César Buenrostro Moreno, el FOVISSSTE y la Condusef han llegado a un acuerdo para trabajar de manera conjunta a fin de aprovechar al máximo las mayores señales del Registro de Despachos de Cobranza (Redeco).
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“No se debe tomar la lista negra de la Condusef, sino colaborar con las empresas que han recibido menos quejas. Nos estamos deshaciendo de gente que es benéfica e inútil”.
Mencionó que actualmente hay 908 mil 300 personas que cuentan con un crédito para vivienda, de las cuales 130 mil ya no tienen empleo y 80 por ciento, es decir, 101 mil 519, no hacen sus pagos porque no encuentran trabajo.
De acuerdo con Buenrostro Moreno
La reforma de vivienda iniciará la conversión de créditos UMAS a pesos a partir de octubre, con quienes se encuentren en mayor desventaja económica.
Mencionó que las personas que adeuden más del 10 por ciento podrán acceder a una reducción del 5 por ciento, y quienes hayan pagado en tiempo y forma y aún les quede el 10 por ciento, podrán acceder a un programa de liquidación del 10 por ciento.
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También afirmó que se está participando “agresivamente” en el programa 30-60, ya que las personas mayores de 60 años que han pagado su crédito durante 30 años “no tienen que solicitarlo, se hace automáticamente” o porque se liquida a quienes han pagado más de 2 veces su crédito, lo que beneficia a más de 16 mil acreditados. Afirmó que por eso el programa es tan popular. Lo único que se les pide es la escritura, que se puede obtener en las oficinas correspondientes.
Eduardo Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), destacó la importancia de cobrar a los clientes de manera precisa para reducir el número de quejas recibidas. En los primeros siete meses se registraron 21,384 reclamaciones y se espera concluir con 39,000 quejas, lo que representa una disminución respecto al total del año anterior, que fue de 42,011 reclamaciones. Este descenso podría estar relacionado con el actual proceso de recuperación económica.
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