Reformas a la Ley del ISSSTE que permitirán a los derechohabientes elegir entre pesos y UMAs para sus créditos de vivienda, permitirán la reestructuración para 400 mil familias y fijarán un tope de 30% de descuento en salarios y compensaciones por adeudos vencidos fueron aprobadas por las comisiones unidas de Seguridad Social y Vivienda de la Cámara de Diputados. Estas reformas entrarán en vigor el 1 de enero de 2019.
Tras recibir 28 votos a favor y 12 abstenciones, la propuesta fue turnada a la Mesa Directiva para su posterior discusión y votación en el pleno.
De acuerdo con Angélica Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, los ajustes contemplan que los créditos del Fovissste se paguen en un plazo de treinta años, salvo circunstancias de incumplimiento.
La tasa de interés que se aplicará a la deuda pendiente será determinada por la Junta Directiva, pero nunca será superior a las tasas que ofrece la banca comercial para créditos de vivienda.
Sin tener en cuenta la edad de los prestatarios, el proyecto de ley evaluará planes de solución definitivos para aquellos prestatarios que hayan devuelto el importe del préstamo más el doble, o más, resolviendo así un número importante de casos.
La diputada Lilia Aguilar
También presidenta de la Comisión de Vivienda e impulsora de uno de los proyectos, señaló que las reformas podrían regularizar créditos dañados y reestructurar a más de 400 mil familias.
“Se eliminarán los descuentos a los trabajadores de hasta el cincuenta por ciento de su salario base, más la compensación por deudas vencidas, otorgándoles un tope del treinta por ciento”, agregó. “En cambio, a los pensionados solo se les podrá descontar el veinte por ciento de su pensión“.
“Ya que el Fovissste no es un banco, sino dinero de los trabajadores, y debe ser tratado como un fondo social, evitando así que sean tratados peor que los deudores de la banca comercial”, felicitó a las mesas de negociación de deudores.
Aguilar recordó que con estas medidas se liquidará el crédito de las personas que hayan pagado el doble, independientemente de su edad o estado de salud.
No se incurrirá en cargos por falta de financiamiento, “que se acentuó durante el periodo neoliberal”, ya que el trabajador no será responsable de los errores en los cómputos de descuentos y montos de crédito que cometa la institución.
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