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Créditos

Entorno del crédito público y privado en México

Incluso entre los países latinoamericanos, la proporción del crédito con respecto al PIB sigue siendo muy baja. Esto en comparación con la OCDE y otros países comparables.

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Cuando se promulgó la Reforma Financiera del anterior Presidente Pea, el porcentaje de la economía que ya utilizaba el crédito era del 29%. Después de más de 10 años, la proporción es del 34%. Esto va después de los préstamos a los consumidores, a las compañías hipotecarias y a las grandes empresas.

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Tanto la epidemia como las limitaciones de costes han puesto de manifiesto el hecho de que ni el Banco de Desarrollo ni el Banco Comercial han puesto un énfasis primordial en la concesión de préstamos productivos, en particular a las mipymes. Ambos se dedican a proporcionar asistencia financiera a empresas importantes, lo que legalmente separa al primero de sus objetivos.

El Banco de México, con su autonomía

Dejó de hacer pagos al Gobierno Federal, pero la Banca de Desarrollo marcó los créditos a empresas asociadas o acreditadas como planes sexenales, como lo hemos visto a lo largo de los últimos 35 años.

Tanto FIRA (con sus 200 mil millones de pesos) como la desaparecida Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (con sus 55 mil millones de pesos) deberían estar en todo momento bajo el control de la CNBV. Ambos representarían la mitad de los activos esenciales de NAFIN para el año 2022.

Si ambas organizaciones monetarias tienen autoridad sobre recursos públicos, entonces la CNBV debería supervisarlas y hacer pública su información. Tanto el FOVI (administrado por la SHF) como el FIFOMI forman parte del Sistema de Fomento Financiero, que es un ecosistema financiero con recursos públicos administrados por el Banco de México y la SHCP. En este ecosistema, dependencias como la Secretaría de Economía, SAGARPA, entre otras, tienen vínculos directos con el manejo de los recursos, lo que significa que estas dependencias se manejan con criterios discrecionales y clientelares.

La Banca de Desarrollo, que tiene a su cargo 2 billones de pesos (11% del PIB), no otorga asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES; 1% del PIB, incluida la Banca Comercial).
Se consideró que la reforma tanto del sector financiero como del sistema jurídico reactivaría el crédito, organizaría el poder judicial en litigios civiles y mercantiles con tribunales especializados, y daría certidumbre al sector financiero para impulsar el crédito y el crecimiento económico.

Se fortaleció el poder judicial federal y varios tribunales pusieron en línea sus procedimientos; sin embargo, la reforma del sistema financiero no tuvo éxito. En 2022, se presentaron 650 mil asuntos en todo el país, la mitad de ellos en la CDMX.

Se incluyen aquí los juicios hipotecarios

De arrendamiento, mercantiles ordinarios y mercantiles ejecutivos, además de los juicios especiales de garantía.

En el Poder Judicial del Estado trabajan 100.000 personas, de las cuales solo 5.000 son jueces y magistrados. Solo el treinta por ciento de los asuntos del fuero común son de naturaleza civil o mercantil.

Cada año, menos del 5% de los casos concluyen con una sentencia que se considera firme. Como resultado, más de 3 millones de litigios civiles y mercantiles siguen sin resolverse debido a problemas de procedimiento, así como a la capacidad, actitud de servicio y criterios de las autoridades judiciales.

El Poder Judicial de la Federación es responsable del empleo de 50.000 personas, incluidos 3.500 jueces del Tribunal Supremo.

La tecnología, las instalaciones y los salarios del poder judicial federal son significativamente superiores a los de los tribunales estatales y locales. Los resultados del 58% de los 300 mil recursos de amparo civil y mercantil se anunciaron en 2022.

En promedio, se tarda tres años en iniciar el proceso legal de recuperación de una deuda civil o mercantil, otros dos años para las apelaciones y amparos, y dos años más para hacer efectiva una sentencia de remate de garantías. En promedio, los litigios civiles y mercantiles tardan siete años en resolverse.

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Debido a que ningún capital o empresa puede soportar una exposición tan prolongada de tiempo y dinero en riesgos, es necesario hacer las cosas despacio y examinar objetivamente las garantías para determinar dónde y cómo se incorporan, así como la calidad de su potencial de retorno.

En una nación que cuenta con 95 millones de personas mayores de 18 años y más de 4 millones de empresas registradas ante el SAT. Las perspectivas del negocio financiero son alentadoras.

Los préstamos a empresas consolidadas

Las garantías hipotecarias, el arrendamiento sin cesión de activos y el factoring con empresas AAA han pasado a encabezar la lista de prioridades de las industrias financieras bancarias y no bancarias.

Presentan los documentos al Poder Judicial del país en caso de que el préstamo no se devuelva a tiempo y haya que llevar el asunto a los tribunales.

Como consecuencia de los sobornos, los interminables procedimientos judiciales y las cuantiosas condenas. Se exige que los jueces, secretarios y secretarias lleven un registro de resultados.

El Senado aprobó la semana pasada el Código Nacional de Procedimientos en Materia Civil y Familiar, que fue remitido a la Cámara de Diputados para su estudio. Este código ordenaría el uso de la tecnología y acortaría los plazos para mejorar la métrica judicial y resolver los casos con mayor rapidez.

Es imperativo que se utilice la tecnología dentro del sistema judicial para acelerar la puntualidad del proceso y estimular el cambio generacional para la mayoría de las personas que acuden a sus tribunales locales o federales para tratar sus asuntos.

Las reformas tanto en el sector financiero como en el judicial están desfasadas e intrínsecamente ligadas. Si se aplican las reformas financieras y judiciales adecuadas, la cuota de crédito del sector financiero podría alcanzar el 50% del PIB en cinco años y el 70% en diez años.

Esta administración optó por despreciar la oportunidad y, en su lugar, se centró en su homilía política diaria, que incluía la categorización o el señalamiento de los rivales. Con ello, se posicionó fuera de la agenda e impidió el debate de alto nivel sobre los problemas relacionados con la economía y el sistema legal.

Como consecuencia de la mala gestión y la corrupción, la FND recibió esta semana la orden de ser eliminada (su cartera está retrasada en un 50% y lleva seis meses inactiva). Se ha criticado a sus antecesores, no a ellos. Tanto Banrural como FND han sido preservados por cada administración sucesiva a nivel federal; sin embargo, los problemas en cuestión incluyen clientelismo, corporativismo público y opacidad.

Manejan recursos públicos, de manera similar al Banco del Bienestar, que alguna vez fue conocido como Bansefi, y cada seis años son liquidados, salvados o reinventados. La política, y no la viabilidad o la eficacia económica, dirige la toma de decisiones en el sector público del sistema financiero.

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