El Senado de la República aprobó la reforma al Infonavit propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, una decisión que ha generado más escepticismo que apoyo.
Esta reforma, en lugar de servir como un faro de esperanza para los trabajadores que buscan una vivienda asequible, corre el riesgo de convertirse en el ocaso de sus derechos, creando un abismo entre la promesa y la realidad.
En un principio, la creación de una empresa subsidiaria para la construcción de viviendas presenta un riesgo importante, sin duda. La reforma permite al Infonavit redirigir los recursos destinados a los créditos hacia la construcción, un cambio que genera preocupaciones sobre la posible asignación incorrecta de fondos.
Con más de 2.4 mil millones de pesos en juego, el atractivo de la malversación o la mala supervisión es imposible de pasar por alto.
La pregunta urgente es: ¿quién garantiza que estos recursos se utilizarán únicamente en beneficio de los trabajadores, en lugar de enriquecer a unos pocos elegidos o financiar proyectos con motivaciones políticas?
Además, se está comprometiendo la estructura tripartita, que ha servido como base para la transparencia y el equilibrio dentro del Infonavit.
La reforma fortalece la autoridad gubernamental, influyendo en todo, desde la selección del director general hasta la composición de los órganos de gobierno, donde los votos gubernamentales pueden eclipsar los intereses tanto de los trabajadores como de los empleadores.
Esta alteración no solo erosiona la confianza en el sistema, sino que también puede conducir a decisiones que prioricen los intereses políticos sobre las necesidades de vivienda de la población mexicana.
Si se considera el derecho a la vivienda, la reforma parece ser una regresión.
Si bien promete mejorar el acceso al crédito y a los programas de alquiler social, pasa por alto las posibles consecuencias de la centralización del poder y los recursos en el gobierno. Esto podría dar lugar a la construcción de viviendas de baja calidad o demasiado caras, lo que plantea un riesgo significativo, que ya se ha encontrado anteriormente y sugiere que podría volver a ocurrir bajo esta nueva estructura de autoridad concentrada.
La falta de competencia en este nuevo esquema plantea serias preocupaciones; sin ella, los precios de la vivienda pueden dispararse y la calidad podría deteriorarse, privando a muchas personas de su derecho a una vivienda adecuada.
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La eliminación de la supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores representa otro revés para la transparencia y la rendición de cuentas.
Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementa nuevas reglas prudenciales, es necesario considerar si estas medidas serán suficientes para frenar el uso discrecional de los recursos.
La historia demuestra que la supervisión externa es esencial para prevenir la corrupción y la ineficiencia. Sin ella, el Infonavit corre el riesgo de convertirse en un elefante blanco, cargado de promesas pero carente de beneficios reales para los trabajadores.
Ante esta situación, sindicatos y organizaciones de trabajadores han expresado sus preocupaciones, destacando que esta reforma reduce el tripartismo a una mera formalidad y pone en riesgo la supervisión y gestión de las inversiones.
La preocupación es válida: sin una participación justa y efectiva de todos los sectores en la toma de decisiones, el Infonavit corre el riesgo de encaminarse hacia un escenario en el que los programas de vivienda se transformen en meros instrumentos de política en lugar de soluciones de vivienda genuinas.
En resumen, la reforma aprobada para el Infonavit representa un retroceso en el derecho a la vivienda; nos retrotrae a una época en la que la transparencia y la equidad se ven comprometidas en aras de obtener beneficios políticos.
Para los trabajadores, lo que debería simbolizar esperanza se parece cada vez más a un tren que se aproxima, dispuesto a destruir sus derechos y aspiraciones a una vivienda digna y asequible.
Estas son las reformas del Infonavit que evitan la corrupción
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