
El gobierno ha prometido que las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fortalecerán el control y la supervisión de los recursos de los beneficiarios; sin embargo, especialistas en cumplimiento han señalado que estos cambios pueden resultar en una pérdida de transparencia y gobernanza dentro del organismo.
La Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC) destaca tres aspectos críticos dentro de la iniciativa del Ejecutivo que podrían suponer riesgos de opacidad en la gobernanza del Infonavit. Entre ellos se encuentran la creación de una empresa constructora para el desarrollo de viviendas, la implementación de un esquema de alquiler con opción a compra y la potencial concentración de poder por parte del gobierno federal.
“De acuerdo con un comunicado de la AMPEC, esta reforma hace que el Infonavit pierda transparencia y gobernanza, poniéndolo bajo el control de una sola entidad, el gobierno federal”.
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En cuanto a la filial de construcción destinada a apoyar el objetivo del Infonavit de construir 500.000 viviendas, la AMPEC aclaró que la creación de esta empresa podría aumentar el riesgo de posibles conflictos de interés no revelados y costos inflados de los materiales.
Por otra parte, respecto del esquema de arrendamiento con opción a compra, la AMPEC destacó que se trataría de una medida discrecional que podría generar confusión, además del riesgo de un posible tráfico de influencias.
Un aspecto esencial de esta iniciativa, actualmente estancada en San Lázaro, es la transformación del modelo de gobernanza del organismo, que permitiría al gobierno asumir un papel más importante en la relación tripartita que involucra a los sectores obrero y patronal.
La AMPEC destacó que, de aprobarse la iniciativa en las condiciones planteadas, se generaría una concentración de poder en una sola entidad, en lugar de garantizar el uso y aplicación adecuada de los recursos del Infonavit mediante decisiones tomadas de manera conjunta entre los tres sectores.
La AMPEC enfatizó que, durante la discusión y análisis de la iniciativa, se buscará proponer mecanismos de control y vigilancia que se incorporarán al dictamen, asegurando el uso adecuado de los recursos que pertenecen a los trabajadores que cotizan al Infonavit.
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Garantías del gobierno
En la Conferencia Popular del 18 de diciembre, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, abordó las denuncias en torno a la iniciativa, destacando que las modificaciones propuestas buscan garantizar la protección de los recursos de los trabajadores derechohabientes mediante una “gestión transparente”.
“Esta reforma legal permitirá una mayor vigilancia y control de los recursos derivados del ahorro de los trabajadores”. Romero remarcó que “con tres direcciones en el Instituto, la línea de responsabilidad y los órganos internos de control se diluyen, pues sólo ofrecen observaciones administrativas irrelevantes y no atienden los hechos de corrupción”.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum busca regular el ahorro de los trabajadores, asegurando que esté resguardado contra el mal uso. “Buscamos transparencia y una fiscalización definitiva de nuestro ahorro”.
Romero Oropeza afirma que actualmente hay 7.3 millones de derechohabientes que ganan menos de dos salarios mínimos y que no pueden acceder a su derecho a la vivienda por falta de disponibilidad de viviendas de interés social.
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