Una reforma que obliga al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a buscar la mediación con los deudores antes de iniciar un proceso de vencimiento anticipado fue aprobada por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Esta reforma se promulgó para evitar desalojos de viviendas y ventas de cartera que no incluyeron la defensa de los trabajadores.
¿Cuál es el problema real?
El panel señaló que la venta masiva de cartera se fomentó durante los sexenios de los ex presidentes Vicente Fox y Enrique Pea Nieto, y que actualmente hay 1.2 millones de créditos en litigio en todo el país.
El Partido Acción Nacional (PAN), integrado por abogados que son acusados de lucrar con la cartera vencida del Infonavit, no votó a favor del dictamen, el cual fue turnado a la mesa directiva de la cámara para ser agendado en la próxima sesión. El Partido Acción Nacional (PAN) tampoco votó a favor del dictamen.
Además de establecer contacto directo con el acreditado y explicarle los motivos de la acción, estas modificaciones al artículo 49 de la Ley del Infonavit obligan a que la empresa inicie primero un procedimiento administrativo de rescisión y vencimiento anticipado antes de intentar recuperar la vivienda por falta de pago.
De acuerdo con el dictamen, una estrategia para desalojar a los trabajadores de sus viviendas es mantenerlos en la ignorancia sobre juicios pendientes.
Los deudores tienen la posibilidad de negociar con el Infonavit, pero el organismo solo emitirá una resolución sobre el procedimiento administrativo si las partes involucradas no logran llegar a un acuerdo.
Después de pasar por el proceso de mediación, el Infonavit presentaría la controversia ante el órgano jurisdiccional competente más cercano geográficamente al inmueble objeto del crédito. Este derecho al debido proceso legal y a la defensa es una prestación que los trabajadores tienen derecho a recibir.
La Comisión de Vivienda señaló que miles de casos especiales se presentan en juzgados que se encuentran fuera de las casas de los trabajadores y que se hizo un “mega fraude” al no notificarles durante los últimos seis años. Esto se consideró una violación de la Ley de Vivienda Justa.
Tras el desalojo de los trabajadores, se habrían negociado miles de créditos, según declaró la presidenta del panel, afiliada al Partido Laborista, Lilia Aguilar Gil.
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