El Senado de la República aprobó el decreto por el que se reforman la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda de interés social, con 71 votos a favor de Morena, PVEM y PT, 36 votos en contra de PAN, PRI y MC, y dos abstenciones, una de Morena y una de MC.
El decreto aprobado fue enviado al Ejecutivo federal para su eventual promulgación y vigencia, sin alterar el acta devuelta con modificaciones por la Cámara de Diputados.
Las comisiones encargadas de elaborar la de Reordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos, encabezadas por Heriberto Aguilar y Enrique Inzunza, expresaron una opinión compartida. Señalaron que las modificaciones avaladas por los diputados federales y posteriormente aceptadas por la Cámara Alta tienen como objetivo mejorar el funcionamiento del Infonavit, garantizar el acceso equitativo a la vivienda y fomentar una mayor transparencia en el manejo de los recursos.
El grupo parlamentario del PAN, articulado por la senadora Gina Campuzano, expresó su preocupación de que el único objetivo de la reforma propuesta sea que el gobierno se apodere “del ahorro de los mexicanos, 2 mil 400 millones de pesos que pretenden arrebatar, impactando a 77 millones de familias mexicanas”.
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Con seguridad afirmó que es falso afirmar que las casas que se están construyendo medirán 50 metros.
“Pido que se aclare en qué lugar de esta iniciativa se ubica el modelo de vivienda que se propone, ya que no se alinea con lo que se pretende aprobar hoy (…) Esta nueva constructora, que manejará sus finanzas, quedará fuera del alcance de las auditorías gubernamentales.
“No se engañen pensando que la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria tendrán la autoridad para realizar una revisión, porque la empresa que pretenden establecer es privada, y no tendrán la capacidad de intervenir para una investigación. El foco seguirá estando en el Infonavit, pero el Infonavit ya no tendrá acceso a sus fondos”, afirmó.
Mely Romero, representante del grupo parlamentario del PRI, enfatizó que los priistas respaldan la necesidad de una vivienda digna, de calidad y accesible. Sin embargo, manifestó firmemente su oposición a utilizar estos temas como pretexto para engañar a México y apoderarse del control total del Infonavit, junto con los 2 mil 400 millones de pesos que pertenecen por derecho a decenas de millones de trabajadores.
Explicó que el artículo 42 de la Ley del Infonavit indica explícitamente que “pueden tomar ese dinero y usarlo (…) Por cierto, 2 mil 400 millones de pesos, senadores, representan el fondo presente y futuro de los trabajadores. Esto no es sólo lo que hay actualmente en el Fondo de la Vivienda; abarca las aportaciones de toda la vida de los trabajadores, que ahora están en riesgo”.
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En apoyo
Alfonso Cepeda Salas (Morena) articuló que la reforma crea un sistema de vivienda enfocado en el bienestar social y modifica el marco legal para dar cabida a nuevas opciones de acceso y financiamiento, asegurando que la clase trabajadora nunca más se vea atrapada por créditos inasequibles.
Las modificaciones, afirmó, refuerzan la autoridad del Infonavit para construir viviendas e introducen el arrendamiento social con opción a compra, asegurando que los trabajadores ya no estén sujetos a viviendas sobrevaloradas, inseguras y deficientes.
“Para evitar que su casa se derrumbe antes de que completen los pagos (…) Esta reforma se sustenta mejor en las deficiencias del neoliberalismo y su modelo de vivienda, pero principalmente en la necesidad de defender los derechos de la clase trabajadora y asegurar su avance”, resumió.
Alejandra Barrales (MC) vinculó el apoyo de su grupo parlamentario al decreto con la aprobación de su propuesta de replicar la estructura tripartita del Infonavit en la nueva empresa subsidiaria, propuesta que finalmente fue rechazada.
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