Una reforma que obligaría al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a buscar la conciliación con los deudores antes de iniciar un proceso de vencimiento anticipado fue aprobada por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.
Con esta reforma se pretende evitar el desalojo generalizado de personas de sus viviendas por falta de pago de créditos y venta de cartera durante los sexenios tanto de Vicente Fox como de Enrique Pea Nieto.
La comisión estima que hay 6.5 millones de viviendas abandonadas y 1.2 millones de créditos impugnados en todo el país.
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), que incluye a abogados acusados por las comisiones investigadoras de la cámara de litigar y negociar miles de créditos vencidos, qué despachos de abogados compraban entre 8 y 10% de su valor y revendían, incluso a trabajadores, a un precio mayor, votaron en contra del dictamen de la comisión. Entre los diputados del PAN hay abogados que han sido acusados de litigar y negociar miles de créditos vencidos.
El instituto deberá iniciar un procedimiento administrativo de rescisión y vencimiento anticipado antes de recuperar la vivienda, notificar personalmente al acreditado y justificar la rescisión, según la propuesta de reforma, que ha sido remitida a la Cámara de Diputados para su estudio.
También otorga a los trabajadores la posibilidad de conciliar su crédito con el Infonavit de acuerdo con los criterios del organismo.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo durante el proceso de conciliación, el Infonavit emitirá la resolución del procedimiento administrativo.
Una vez concluida la mediación, el Infonavit presentará la controversia ante la autoridad judicial competente más cercana geográficamente al inmueble objeto del crédito. Esta obligación forma parte del derecho de los trabajadores al debido proceso legal y a la debida defensa.
Lo que descubrió la comisión
La comisión descubrió miles de créditos que se habían presentado ante tribunales de jurisdicciones distintas a las de los prestatarios, lo que impedía a estos seguir el procedimiento.
En su fallo, el panel señaló que los empleados no fueron informados del inicio del “megafraude” con los créditos del Infonavit en los seis años anteriores, lo que los dejó indefensos ante el esquema.
Además, los procedimientos hipotecarios especiales a veces se iniciaban en tribunales que se encontraban a una distancia considerable de la propiedad en cuestión, a veces incluso en un estado diferente. Esto dificultaba a los prestatarios la defensa de su propiedad.
La presidenta de la comisión, Lilia Aguilar Gil (PT), señaló que con la actual formulación del artículo se cometió el “megadespojo” que ocurrió en el transcurso del sexenio anterior y la venta de miles de créditos a empresas internacionales mientras gobernaba Vicente Fox.
En una ficha técnica, la comisión hizo notar que en 2018, la Fiscalía General del Estado de Nayarit criticó que desde 2013 se han interpuesto legítimamente demandas en contra de aproximadamente 60 mil derechohabientes morosos del Infonavit para despojarlos. Estas demandas se han mantenido desde 2013.
Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas fueron los estados en los que vivían los derechohabientes del Infonavit, mientras que Nayarit fue el estado en el que se presentaron todas las demandas. Se ha informado de hasta 33.000 personas desalojadas por la fuerza de sus hogares solo en el estado de Nuevo León.
En enero de 2009, el corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez, declaró que el Infonavit había vendido aproximadamente 110,000 residencias en mora a las organizaciones de capital estadounidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad. La declaración de Valdez se hizo en referencia a que el Infonavit debía dinero por las propiedades (SCRAP 2).
Las organizaciones de derechohabientes de los estados de Sinaloa y Sonora estimaron que alrededor de 38 mil hogares de ambas zonas estaban en peligro de perder sus casas porque su financiamiento provenía de un crédito del Infonavit.
En su momento, el coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, quien ahora es asesor de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, declaró que el presidente del consorcio, Enrique Colliard, había comprado 37 mil créditos del Infonavit para la firma extranjera SCRAP 2 en 2006 por mil 783 millones de pesos, lo que equivale a 48 mil 189 pesos por vivienda. Javier González Garza es ahora asesor de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.
González Garza informó que David Leopoldo Sánchez-Tembleque Cayazzo, empresario gallego y director de Homex, fue recomendado para el consejo de administración en enero de 2002 por Victor Manuel Borrás Setién, quien lo había conocido en BBVA-Bancomer.
En ese entonces, un ex legislador federal llamado Alfonso Ramírez Cuéllar declaró que había entregado otro paquete de casas a Campark, que estaba vinculada a Construcciones Prácticas y era controlada por Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, quienes eran hijos de Marta Sahagún e hijastros de Vicente Fox. Ramírez Cuéllar era diputado federal.
Según él, se trataba de un acuerdo comercial para empresas estadounidenses que habían quebrado como consecuencia de la crisis financiera.
En diciembre de 2008, durante una reunión con él, González Garza y Miguel Ángel Quintero Navarro, actual gobernador de Nayarit, Borrás admitió que el Infonavit había otorgado 100,000 créditos vencidos a empresas privadas, pero se comprometió a dejar de hacerlo. En la reunión también estuvieron presentes González Garza y Miguel ngel Quintero Navarro.
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