La Comisión de Asuntos Constitucionales decidió aprobar una reforma a la Carta Magna que garantizará el derecho de toda persona a tener un lugar donde vivir.
“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra índole estará obligada, en los términos que determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a sus trabajadores una vivienda cómoda e higiénica”, según el dictamen, que recibió 38 votos a favor.
Para lograr este objetivo se pondrá en marcha un sistema de vivienda orientado al bienestar social, con el que los trabajadores tendrán acceso a financiamiento barato y suficiente para la compra o mejora de sus viviendas. Además, los trabajadores tendrán la oportunidad de invertir en la construcción de viviendas, que posteriormente podrán alquilar o comprar, según los parámetros que establezca la ley respectiva.
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Asimismo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es propietario de las viviendas de alquiler social, a las que los trabajadores podrán acceder tras realizar una aportación al Infonavit por un periodo de siete meses.
Según la resolución, a determinadas empresas se les permite realizar un pago mensual que no exceda del treinta por ciento del salario individual de los trabajadores.
El trabajador tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley después de diez años de haber alquilado la misma vivienda.
Además, la reforma promete facilitar la construcción de viviendas que se enmarcan en la categoría de vivienda social, lo que permitirá que un mayor número de personas puedan acceder a dicha vivienda. Un delegado del PAN, llamado Miguel Rodarte, expresó su preocupación por la idea de confiar la construcción al Ejército en lugar del PAN.
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“Respecto de la construcción de vivienda compartimos la preocupación respecto de que el gobierno quiere adjudicarse tareas en sectores que no es lo suyo, ya vimos cómo nos fue con el Tren Maya que nos dijeron costaría 120 mil millones de pesos y ha costado 450 mil millones de pesos, 275% más, y el mismo caso de dos bocas”, puntualizó.
Además de elogiar la iniciativa del presidente, la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, destacó que la reforma establece protecciones para evitar que los trabajadores puedan acceder a la vivienda y a la renta por decisiones arbitrarias.
Además de destacar que el derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, destacó que la reforma es acorde con los principios de justicia social y solidaridad.
Tras recibir la aprobación tanto de la mesa directiva general como de los integrantes específicos, la decisión fue turnada nuevamente a la mesa directiva para su posterior consideración y discusión en sesión plenaria.
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