
El Infonavit ha recomendado a los trabajadores del país que se mantengan alerta ante la información engañosa sobre la nueva ley del instituto, que se está difundiendo en redes sociales y plataformas en línea.
El organismo aclaró que la legislación no elimina el tripartismo ni disminuye la supervisión en la gestión de recursos, contrariamente a lo que algunos podrían haber sugerido. “En el Instituto, aclaramos los cambios reales en esta regulación y cómo pueden beneficiar a su familia, asegurándonos de que no sean engañados”.
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El organismo destacó que el Infonavit mantendrá su estatus de institución tripartita, con representantes de trabajadores, empleadores y el gobierno federal en sus principales órganos de gobierno, incluyendo la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia.
Además, el organismo destacó que la supervisión de sus recursos o ahorros para la vivienda será más transparente, ya que está bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), garantizando la legalidad y combatiendo la corrupción.
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Aspectos esenciales de la legislación actualizada del Infonavit
La agencia señaló que, contrariamente a ciertas afirmaciones, la reforma a la Ley del Infonavit establece:
- Durante los próximos cinco años, se busca reducir el retraso en la construcción de viviendas asequibles mediante la entrega de un mínimo de 500,000 viviendas para trabajadores de bajos ingresos que apoyan al instituto.
- Empoderar a jóvenes y trabajadores de bajos ingresos ofreciéndoles la oportunidad de asegurar su derecho a una vivienda adecuada mediante opciones de compra o alquiler con opción a compra.
- Se enfatizó que los fondos acumulados en la Subcuenta de Vivienda son suyos y solo pueden utilizarse para la compra o el alquiler.
- Garantizar la equidad suspendiendo dos millones de préstamos para trabajadores con deudas inmanejables.
- Reafirmar el compromiso de garantizar que los trabajadores tengan acceso a viviendas adecuadas, seguras y cuidadosamente diseñadas, con base en la convicción de que “la vivienda es un derecho, no una mercancía”.