Claudia Sheinbaum sigue apoyando la propuesta de reforma para el Infonavit
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, está apoyando una propuesta para reformar la legislación que rige el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), una institución financiera respaldada por el gobierno. Esta reforma tiene como objetivo mejorar significativamente sus capacidades al eliminar varios controles y contrapesos, otorgando así a su administración autoridad total sobre sus procesos de toma de decisiones.
Sheinbaum afirmó que la reforma, que recibió la aprobación del Senado la madrugada del sábado, tiene como objetivo salvaguardar los ahorros de las personas dentro de la institución y mitigar el aumento de los precios de la vivienda. Esto se logrará mediante el establecimiento de una empresa constructora administrada por el Infonavit, encargada de comprar materiales esenciales como cemento y varillas de refuerzo para los proyectos de vivienda del gobierno.
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Empoderar al Infonavit para construir viviendas “servirá como catalizador para la expansión del sector de la construcción en todo el país”, con la colaboración entre entidades públicas y privadas para abordar la demanda existente, como se describe en el borrador del proyecto de ley revisado por Bloomberg News.
La legislación propuesta encarna los esfuerzos de reforma iniciados por el partido gobernante Morena tras su decisiva victoria en las elecciones de junio, ampliando la influencia y el papel del gobierno en la segunda economía más grande de América Latina, al tiempo que disminuye o elimina la supervisión regulatoria.
La reforma fue propuesta inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se desempeñó como mentor de Sheinbaum, abogando por el objetivo de permitir que los mexicanos de bajos ingresos adquieran viviendas con mayor facilidad. El expresidente, conocido como AMLO, asignó a entidades gubernamentales que normalmente no participan en la construcción, incluido el ejército, la supervisión del desarrollo de varias de sus iniciativas emblemáticas, como el Tren Maya.
Mayor autoridad
La legislación propuesta tiene como objetivo mejorar en gran medida la autoridad del Infonavit, permitiéndole utilizar sus activos para la adquisición de terrenos y la construcción de viviendas a través de una subsidiaria. La propuesta incluye disposiciones para que el Infonavit proporcione alternativas de alquiler con opción a compra, estipulando que los costos de alquiler no deben superar el 30% del ingreso de un empleado.
El proyecto de ley propone reformar diversos departamentos dentro de la agencia, incluyendo la asamblea general, el consejo directivo y los comités de transparencia y supervisión. Esta reestructuración tiene como objetivo asegurar que los representantes del gobierno superen en número a los del sector laboral y empresarial, asegurando así la capacidad del gobierno para tomar decisiones con una oposición mínima.
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Además, señala que dado que el Infonavit no es un banco, las regulaciones bancarias impuestas por el regulador bancario y de valores CNBV impondrían limitaciones a sus operaciones y flexibilidad, obstaculizando sus nuevos objetivos, como ofrecer préstamos a tasas bajas y construir viviendas.
Vanessa Rubio-Márquez, profesora de la London School of Economics and Political Science y ex subsecretaria de Hacienda de México, afirmó que el proyecto de ley de la agencia de vivienda contribuye a una serie de reformas que han fortalecido al gobierno.
Destacó la preocupante disminución de la representación de los trabajadores y las empresas en el consejo, junto con la eliminación de la supervisión de las transacciones financieras del Infonavit por parte de la CNBV.
“Todas las medidas que mejoren la gobernanza y fomenten una mayor transparencia, rendición de cuentas y controles representan el camino adecuado a seguir”, afirmó. “Sin embargo, no ha habido avances en esa área”.
Ricardo Monreal, líder del partido gobernante en la Cámara de Diputados, anunció que la reforma se discutirá en el pleno el próximo año. Este cronograma permite a los legisladores realizar una revisión integral en diciembre, asegurando que las preocupaciones tanto de las empresas como de los sindicatos sean abordadas adecuadamente, según informó el periódico Reforma.
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